Las empresas valoran sus secretos y los utilizan como una herramienta que les hace más competitivas y les ayuda a distinguirse frente a sus competidores.

Por ello, es entendible su temor a prácticas desleales tendentes a arrebatarles esa diferencia que viene marcada por procesos, conocimientos, técnicas u otros procedimientos que hacen que destaquen y/o se diferencien del resto.

Dentro de la Unión Europea los esfuerzos por frenar las prácticas desleales para hacerse con secretos de otras empresas han cristalizado en la aprobación de la Directiva (UE) 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas con el fin de armonizar la legislación de los Estados miembros.

La citada directiva ha sido transpuesta en España a través de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante, la “LSE”) que entró en vigor el pasado 13 de marzo.

Entre sus puntos más relevantes, destacan:

1. ¿Qué es un secreto empresarial?

Se recogen en la Ley que son secretos empresariales cualquier información o conocimiento que sea secreto, tenga valor empresarial (real o potencial) y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.

2. ¿Qué conductas se consideran lícitas?

Tendrán la consideración de lícitas la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales cuando:

  • el descubrimiento o la creación sean independientes;
  • sean conocidos por el público o estén a su disposición;
  • se conozcan en virtud del ejercicio de los trabajadores a ser informados y consultados;
  • se difundan con el fin de proteger un interés legítimo.


3. ¿Qué conductas se consideran ilícitas?
 

La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular cuando se lleven a cabo mediante:

  • Acceso, apropiación o copia no autorizada de documentos que contengan el secreto empresarial.
  • Actuaciones que se consideren contrarias a las prácticas comerciales leales.

La utilización o revelación serán ilícitas cuando sin el consentimiento de su titular las realice quien las haya obtenido de forma ilícita (p.e.: tras incumplimiento de acuerdo o cláusula de confidencialidad).

Es de destacar que también tiene la consideración de ilícita la “producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines” cuando quien realice dicha conducta sepa o debiera haber sabido que el secreto empresarial inherente al producto se había utilizado de forma ilícita.

 

4. Acciones que ofrece la LSE:

  • La declaración de la violación del secreto empresarial.
  • La cesación o prohibición de los actos de violación.
  • Prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o su importación, explotación o almacenamiento con dichos fines.
  • La aprehensión de las mercancías infractoras.
  • La remoción de documentos u otras que contengan el secreto.
  • La atribución de la propiedad de las mercancías infractoras al demandante.
  • La indemnización de daños y perjuicios.
  • La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia.

Asimismo, la norma expresa que se podrán ejercitar las acciones, además de frente a los infractores por realización de actos ilícitos, frente a los terceros adquirentes de buena fe, aunque las consecuencias para estos puedan llegar a ser menos gravosas atendiendo a la buena fe de sus conductas.

 

5. Cálculo de los daños y perjuicios:

El método elegido es el mismo que establece la Ley de Patentes, sin embargo, se ha introducido como novedad la posible indemnización por daños morales. Por tanto, dice la LSE que, a los efectos de calcular la indemnización “se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos”, pasando a citar el lucro cesante y el enriquecimiento injusto, además de otros elementos como el posible daño moral y los gastos de investigación.

Además, con carácter alternativo, es decir, cuando no se opte por los criterios arriba mencionados, podrá acudirse a una cantidad a tanto alzado calculada sobre la base de lo que le hubiera podido suponer al demandado económicamente contratar una licencia con el titular del secreto empresarial.

 

6. Prescripción:

Se establece un plazo de prescripción de 3 años que empezará a contar desde que se tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.


7. Legitimación y competencia:

En cuanto a la legitimación para acudir a los tribunales, podrán incoar las acciones descritas anteriormente:

  • Los titulares del secreto empresarial;
  • Quienes acrediten haber obtenido una licencia que les autorice expresamente a dicho ejercicio. En caso contrario, se deberá pedir al titular del secreto empresarial que entable la acción judicial, y en caso de negarse a no ejercitarla en el plazo de 3 meses, podrá el titular de la licencia entablarla en su propio nombre. Además, se podrán pedir medidas cautelares mientras transcurre el citado plazo de 3 meses.

Respecto a la competencia, esta corresponde al Juzgado de lo Mercantil del domicilio del demandado, o, a elección del demandante, al Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.


8.Actuaciones de mala fe en el uso de las acciones previstas:

Se establece que podrá multarse al demandante que de mala fe interponga demanda hasta la suma de una tercera parte de la cuantía del litigio. Además, podrá ordenarse por los tribunales la difusión de la resolución en que conste dicho carácter abusivo e infundado en la reclamación.

Por otro lado, también se establecen en la LSE medidas para poder pedir diligencias previas a la interposición de la demanda al juzgado en que se vaya a presentar la demanda, así como acceso a las fuentes prueba y medidas de aseguramiento de prueba.

 

En conclusión, la incidencia y efectos prácticos que la LSE va a tener para las empresas va a verse reflejada en que deberán implementar, para cumplir con el mandato de proteger la información y que por tanto esta tenga la condición de secreto empresarial, medidas razonables para su protección. Por tanto, habrá que guardar especial atención a la hora de incluir la calificación de secreto empresarial a la información a la que puedan tener acceso los trabajadores, colaboradores o terceros, tanto en el clausulado de los contratos que regulen sus relaciones con las empresas, como en los acuerdos de confidencialidad que se firmen.

Además, también es de destacar que la nueva LSE aporta mayor seguridad jurídica a los titulares de secretos empresariales al regular qué cauce seguirá el futuro litigio, qué acciones podrán usarse, qué medidas cautelares podrán solicitarse y, muy importante, la fórmula por la que se calculará la indemnización a cargo del infractor.

 

JULIO LLUCH MORAL

LEGAL INTERN

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